5 DE MARZO: Día Nacional del Campesino

MSc. Carlos Pernía durante el discurso 

A continuación el discurso pronunciado por el dirigente agrario nacional, MSc. Carlos Enrique Pernía Contreras, en la Sesión Especial que con motivo de celebrarse el Día Nacional del Campesino, realizó el Concejo Municipal de Alberto Adriani, en El Vigía, estado Mérida,  el sábado 5 de marzo de 2022, por primera vez en la historia de esa cámara edilicia.

En un acto histórico, celebrado un día como hoy, el 5 de marzo de 1960 en el Campo de Carabobo, con la presencia de representantes de los poderes públicos y ante más de 2 mil 500 campesinos de todo el país, el presidente de la República don Rómulo Betancourt  -padre de la democracia y fundador del partido Acción Democrática- confesó que no había existido una emoción tan grande como la que sentía en ese momento cuando creía estar participando en la firma de una segunda independencia de Venezuela, y que ese era el simbolismo de firmar la Ley de Reforma Agraria.

Diez años más tarde, y en reconocimiento a este importante logro, fue decretado el 5 de marzo como Día Nacional del Campesino por el entonces presidente de la República, Rafael Caldera.

Hoy, se cumplen 52 años de la declaración del Día Nacional del Campesino y 62 años del ejecútese al más importante instrumento legal, político y social que se haya producido en la democracia venezolana, como es la Ley de Reforma Agraria.

Ese fue un acto significativo en el proceso político de Venezuela, porque constituía para la familia campesina la base firme de estabilidad económica, bienestar social, garantía de libertad política y dignidad humana. Sin duda, un acto de integración que ponía fin al relego al cual estaban sometidos los trabajadores de la tierra de todos los beneficios recibidos por la gran mayoría de los venezolanos.

La firma de la Reforma Agraria congregó una extraordinaria representación de las organizaciones campesinas del país, convocadas por la Federación Campesina de Venezuela, donde coincidieron diferentes ideologías políticas partidistas y contó con el apoyo de la Iglesia Católica.

De ese acto histórico vale la pena recordar parte de la intervención que tuviera el presidente de la FCV, Ramón Quijada, quien pronunció el siguiente aserto:

“El mejor parte de guerra que un jefe de Estado hubiera podido presentar al General en jefe Simón Bolívar, es este que hoy todos los venezolanos de buena voluntad venimos a expresarle, después de haber librado la más grande batalla cívica de nuestra historia republicana. En esta batalla, ciudadano General Simón Bolívar, que la fuerza democrática de la nueva Venezuela ha librado felizmente en el campo del debate parlamentario, y que seguramente la historia bautizara con el nombre de la batalla del entendimiento, para librarla no hemos usado otra arma que la de la mutua comprensión y de las mutuas concesiones”.

Este importante instrumento jurídico constituyó parte esencial del desarrollo agrario en Venezuela, aun cuando sectores reaccionarios, frustrados en sus propósitos, trataron de impedir la realización de la justicia social en el campo rural.

La Ley de Reforma Agraria sirvió para acabar con el latifundista que solo explotaba al campesino que trabajaba la tierra; permitió la creación de organismos e instituciones que contribuyeron en la solución de múltiples problemas que padecían los campesinos, conscientes que si no se resolvía el problema de la tenencia de la tierra no se podría aspirar al progreso cultural, ni a la justicia social, ni al desarrollo de la agroindustria en Venezuela.

La Reforma Agraria incidió de manera directa en la distribución de la tierra, en la organización del crédito y fundamentalmente en la asistencia integral al campesino. De gran importancia fue el registro estadístico elaborado por el Instituto Agrario Nacional, para conocer de manera exacta el porcentaje y número de hectáreas ocupadas por terceros no sujetos a la Reforma Agraria, como se demostró en el estudio realizado con motivo del Decreto 350, referido al programa de afectación y rescate de tierras.

Los gobiernos democráticos siempre fueron conscientes de la importancia que representaba el crecimiento y desarrollo personal del campesino y su familia, a fin de evitar el analfabetismo así como también el hacinamiento social que hoy se vive en las grandes ciudades de Venezuela.

Muchos fueron los logros alcanzados durante el proceso de Reforma Agraria, en pro de una mejor calidad de vida a la familia campesina, entre ellos destacan la construcción de viviendas rurales, escuelas, dispensarios, vialidad agrícola, acueductos y sistemas de riego, electrificaciones, entrega de créditos, entre otras grandes obras que permitieron el desarrollo agrario en Venezuela.

Quizás una de las debilidades de la Reforma Agraria es que no consiguió modernizar la agricultura en Venezuela, pero no es menos cierto que fue un proceso altamente positivo, que evolucionó radicalmente la condición de vida del hombre del campo.

Las transformaciones sufridas en Venezuela a lo largo de los 40 años de vigencia que tuvo la Ley de Reforma Agraria han sido muchas. Nuestra fortaleza como país estuvo hasta hace algunos años cimentada en el área agrícola y pecuaria, como uno de los sectores primarios de la economía venezolana, producción que contaba con el apoyo, si no total, al menos con los beneficios fundamentales que le compete al Estado ofrecer.

Hasta principio de los años 90 los trabajadores del campo contaron con políticas agrarias que les beneficiaron en apoyo crediticio y asesoramiento a través de organismos como el  Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (Icap); el Instituto Agrario Nacional (IAN), que dirigía las políticas de tierra; Foncafé, Foncacao, Inagro, Fonaiap y Corpoandes, entre otros, cuyo objetivo era proveer a los campesinos de herramientas o condiciones para impulsar su producción.

Fueron 40 años de luchas durante los gobiernos democráticos en Venezuela, pero bastaron más de 20 años para echar abajo las reivindicaciones obtenidas, destruyendo el aparato productivo del país. Si se hubieran mantenido vigente los principios de la Ley de Reforma Agraria, con algunas reformas adaptadas a la realidad del nuevo siglo, habrían mejorado aún más las condiciones del hombre del campo.

Para el año 2002 estas instituciones fueron eliminadas por el presidente del momento, a pesar de lo importante que eran para la producción alimentaria del país. Quedó a disposición de los productores la empresa Agroisleña, la cual finalmente fue expropiada.

Los beneficios obtenidos llegaron a su fin. Las organizaciones que ayudaban a los campesinos desaparecieron, se acabaron los créditos para los pequeños y medianos productores, la vialidad agrícola quedó abandonada, los sistemas de riego arruinados, los planes de mejoramiento de las viviendas campesinas dejaron de existir, la educación y la salud en franca decadencia.

En la actualidad, la inflación golpea la adquisición de los insumos agrícolas, incluso las semillas que los campesinos tenían para el desarrollo del campo llegaron a desaparecer del mercado, viéndose en la obligación de adquirirlos fuera de nuestras fronteras a precios exorbitantes. Y ni hablar de la electricidad y el combustible, servicios indispensables para el funcionamiento óptimo de las unidades de producción.

La escasez y el difícil acceso al combustible sigue siendo un grave problema para los productores venezolanos. Hay lugares donde aún a los trabajadores del campo se les dificulta surtir sus vehículos, como está pasando desde hace más de un año en muchos de los pueblos que conforman la geografía del estado Mérida y todavía no reciben respuesta.

El combustible no solo es elemental para sacar los productos desde la finca directo a su comercialización, es indispensable también para la siembra; razón por la cual la crisis con el combustible ha sido determinante en la baja de la producción.

En pleno siglo 21, cuando la modernización debería reinar en la agricultura venezolana, muchos de los productores han debido regresar a prácticas antiguas para no perder sus cosechas.

A todos estos problemas debemos sumarle la comúnmente conocida “matraca” de la que son víctimas los camioneros en las alcabalas a lo largo y ancho del territorio nacional, bien sea con alimentos o con dinero, para poder transportar los productos a los diferentes comercios del país, aunado a la inseguridad en la carretera.

Las políticas del Estado hacia el campo venezolano se han venido a menos en los últimos tiempos; esa es una realidad que no podemos omitir. La inexistencia de buenas políticas agrícolas ha llevado al sector agropecuario a la decadencia, lo cual se palpa en la disminución de la producción, que es cada vez menor. Venezuela ha pasado a ser de un país exportador de café, maíz, trigo, entre otros rubros, a un país importador, afectando la seguridad alimentaria establecida en la Constitución nacional.

Por ello, se hace necesario unir esfuerzos, desde todos los sectores, para reiniciar las actividades, programas y proyectos que reimpulsen el sector primario de la producción, que puedan los  campesinos recobrar su calidad de vida y garantizar a los venezolanos el consumo apropiado de los alimentos. 

Es propicia la ocasión para hacer un llamado a los campesinos, que llegue además a la dirigencia agraria para que, en aras del interés superior de servir a nuestra clase, nos deslastremos de posturas partidistas, sectarismos, egoísmo, vanidades, evitemos a toda costa las discrepancias menudas para inspirarnos en propósitos comunes, como es la defensa de los campesinos, quienes nos reclaman las grandes tareas que tenemos que cumplir y solo lo podremos lograr si rescatamos y fortalecemos nuestras organizaciones de base, llámense sindicatos, ligas campesinas, asociaciones de productores, cooperativas y otras que son fundamentales en la emancipación económica, política y social del campesino, para volver a vivir mejor en una Venezuela libre y de los venezolanos.

Pan, Tierra y Trabajo.