Los Derechos Humanos en el campo merideño

                                                                                                                                                                                                          Foto Internet referencial

Por: MSc. Carlos E. Pernía C

Sec. Gral  de la Federación Campesina de Venezuela

Seccional Mérida

La crisis que golpea a Venezuela se extiende a todos sus niveles y alcanza los diferentes estratos sociales. Es la misma realidad para los que están en la ciudad como para quienes labran tierra; por tanto, los campesinos y productores merideños no han escapado a esta situación, desatada, principalmente, por la falta de iniciativas que promuevan el desarrollo humano integral de los hombres y mujeres que conforman la familia rural, aun cuando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla los Derechos Humanos, Sociales, Económicos, Políticos, de Desarrollo Humano e Integral de la Familia, entre otros.

Sin embargo, estos derechos hoy son vulnerados por quienes constitucionalmente tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir fielmente la Constitución así como las demás leyes de la República.

Actualmente se discrimina tanto a campesinos como a productores agrícolas del estado y del país, al negarles el acceso a los insumos agrícolas, semillas, créditos, capacitación, asistencia técnica permanente que les ayude a mejorar y desarrollar sus unidades de producción. Así mismo, son vejados para poder surtir de combustible sus vehículos de carga y transportar las cosechas a fin de seguir mejorando su calidad de vida, como parte de su desarrollo integral y el de su núcleo familiar.

La violación de los derechos humanos del campesino también se evidencia con el deterioro de los bienes y servicios, al no contar el campo merideño con la infraestructura necesaria para que los campesinos puedan cubrir sus necesidades primarias. Carecen de ambulatorios rurales y los que existen no cuentan con medicamentos, equipos médicos, ni personal capacitado para atender la salud de estos trabajadores, vialidad agrícola, sistemas de riego, vivienda rural, servicio eléctrico y de telecomunicaciones, entre otros servicios básicos que les impide tener una mejor calidad de vida, como la merecen.

El Estado venezolano se ha negado a brindar seguridad jurídica, personal y de sus bienes, despojándolos o expropiándoles sus unidades de producción, poniendo en riesgo total la seguridad alimentaria y de abastecimiento de la producción agrícola y pecuaria en los mercados nacionales.

Los derechos humanos de los trabajadores agrícolas también son vulnerados cuando se deja sin empleo a personas que desarrollan labores específicas de la producción agrícola y pecuaria.

Desde el pasado mes de marzo todos los venezolanos cumplimos la llamada “cuarentena social” con el objetivo claro de prevenir el contagio del Covid-19, también llamado Coronavirus, medida dictada por las autoridades nacionales como contención a la pandemia. Pero a la par, se violan los derechos humanos al prohibir el libre tránsito de personas y vehículos, sin considerar que no estamos preparados económicamente para aguantar tanto tiempo encerrados, menos quienes tienen su sustento de lo que ganan día a día, ya que carecemos tanto de alimentos como de medicamentos para permanecer en casa por un período largo; a lo que se suma la especulación en los precios y la falta de un salario digno por la ausencia de buenas políticas económicas que incentiven el aparato productivo, garantizando el verdadero desarrollo humano, ese que se venía imponiendo hasta finales de la década de los 90 cuando contábamos con una Ley de Reforma Agraria que además de proteger, afianzaba el verdadero desarrollo rural sustentable en Venezuela, pero todo cambió cuando el pueblo decidió elegir al actual régimen para regir los destinos del país.

Sin dudas, Venezuela necesita un cambio ya!